ManuelRojas.- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en este caso policías de investigación, han sido señalados como posibles responsables de que, Carlos N., sospechoso de la desaparición de Ana Laura, originaria de la Comunidad de Hermenegildo Galeana – Huamantla, se encuentre en estado de coma, después de haberse efectuando una orden de aprehensión en su contra.
Lo anterior se dio a conocer debido a la queja que los familiares de Carlos N. presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos humanos, en la que se señala que tras su detención, fue golpeado por los policías ministeriales, de quienes al momento se desconoce su identidad.
De acuerdo a la información que ha trascendido, se señala que quién ahora se encuentra con muerte cerebral, sostenía una relación sentimental con Ana Laura quien desapareció el 4 de abril después de salir de su domicilio para ir de compras a la ciudad de Apizaco.
La queja ante la CEDH, también incluye a la titular de la PJGE, Ernestina Carro Roldán, por lo que la dependencia a través de un comunicado, informó que «el día 27 de abril se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Carlos N., por su probable participación en el delito de desaparición de Ana Laura N., ocurrida a principios del mes de abril.»
Y en lo que se refiere a la posible agresión, la PGJE destaca en su comunicado que ya se inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por las lesiones que presentó el imputado en el momento en que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra. Y por ello, los servidores públicos implicados, se encuentran rindiendo su declaración a efecto de deslindar responsabilidades.
Finalmente la PGJE asegura que la búsqueda de Ana Laura N. continúa, en seguimiento a los protocolos que corresponden, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y No Localizadas, peritos y demás entidades auxiliares, apoyándose con los equipos tecnológicos y científicos de búsqueda.
Lo que resulta irónico y contradictorio, es que al final del boletín difundido por la PGJE, es que se afirme que el Gobierno de Tlaxcala, «con estricto apego a la Ley y cabal respeto a los derechos humanos, no permitirá actos de impunidad, abuso de autoridad y corrupción, de ningún servidor público.»
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